Artículo publicado en La Opinión de Tenerife el pasado 15 de julio de 2016.
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En los últimos días se ha formado cierta polémica sobre la diferencia de penas entre el futbolista Lionel Messi y Alejandro Fernández, el chico de 24 años condenado por usar una tarjeta de crédito falsa.
Leído así, que es como lo han presentado algunos medios, parece que Messi y su padre por ser ricos han tenido un trato más benevolente por parte de los tribunales que el joven granadino; no obstante la situación tiene matices que queremos comentar en esta columna, que no olvidemos tiene una función didáctica para acercar el derecho al ciudadano común.
Messi y su padre han sido condenados por no declarar todo lo que ganaron a través de la práctica profesional del astro argentino, si estamos hablando de millones de euros, se debe a los altos emolumentos que recibe el futbolista, pero su acción, aunque reprochable penalmente no va más allá de no declarar todo lo que gana por su profesión.
¿Se imaginan que todo ciudadano que cobre una factura en negro o tenga un trabajo sin estar dado de alta tuviera que ir a prisión? Tendríamos un caos con millones de personas encarceladas, por una actividad que si bien no es correcta, tampoco merece un reproche penal tan grave como es la pena de prisión.
Para muchas de estas circunstancias la ley contempla que aquel que haya sido condenado a menos de 2 años de cárcel y sea el primer delito que comete pueda eludir la cárcel, lo cual es interesante desde dos puntos de vista. El condenado paga una multa, recibe un aviso por su acción y además se evita convertir en encarcelado a un ciudadano que tras esta pena seguramente se tomará más en serio la ley en el futuro. Esto sin contar el hecho de que Messi y su padre enmendaron el daño causado pagando las cantidades que les reclama Hacienda, con intereses y multa.
En el caso de Alejandro Fernández, los gastos con tarjetas falsas fueron superiores a 400 euros y en el momento de ser sorprendido iba a realizar otro cargo de más de 500. Además, al registrar su casa se intervinieron seis pasaportes falsos y al ser detenido, portaba dos tarjetas de crédito falsificadas. Incluso en el juicio quedó demostrado que pertenecía a una organización criminal que se dedicaba a la creación de tarjetas falsas, además de falsificar pasaportes.
Como podemos observar los hechos entre un caso y otro son muy diferentes, no es lo mismo no declarar todo lo que ganas a Hacienda que dedicarte a estafar y a falsificar documentos oficiales, algo que tiene penas muy duras, y es lógico, pues es fácil imaginar el caos que sería el día a día si la falsificación no se persiguiera con severidad, moneda falsa, certificados falsos, contratos falsificados etc. Además en el caso del joven granadino tenemos que tener en cuenta que formaba parte de una organización para lucrarse de las falsificaciones, no de una acción esporádica.
Otra cosa es juzgar si esos hechos ocurridos hace seis años merecen ser perdonados para facilitar la reinserción de Alejandro Fernández, esto ya entra en otro punto como puede ser el indulto o que tenga beneficios penitenciarios por su actitud y disposición a olvidar su pasado delictivo.
En cualquier sistema penal de un país democrático, las leyes tienen que ser objetivas y delimitar claramente cada supuesto para a partir de la acción del delincuente, imponer una pena adecuada, además no es lo mismo el que repara el daño o colabora con la Justicia. Tampoco tiene la misma actitud el que oculta parte de su sueldo que el que directamente se vale de la falsificación para crear perjuicios a terceros y enriquecerse ilícitamente, indistintamente que sea rico, pobre, famoso o anónimo.
En este caso las autoridades han actuado cumpliendo la ley, otra cosa es que podamos considerar que la pena de Alejandro Fernández sea muy grave para lo defraudado, o por el tiempo acaecido, pero en este caso la ley no se fija principalmente en las cantidades, se fija en la actitud, intenciones y daños a la sociedad que han provocado las acciones del condenado.
